En su coche, hallado en las inmediaciones del suceso, dejó una carta a su mujer, en la que explica las razones de su gesto trágico, denunciando el "clima dentro de la empresa". Se trata del 24º suicidio en France Telecom en un año y medio. El gobierno ha intervenido intentando convencer a los dirigentes de la sociedad -en la que el Estado participa con el 26% del capital- para que modifiquen la situación. El presidente, Didier Lombard, se comprometió el pasado 15 de septiembre a intervenir contra el estrés. Prometió contratar a médicos laborales y una prórroga para los traslados de personal hasta finales de octubre. Sin embargo, Lombard demostró todo el cinismo de la dirección cuando dijo que quería poner fin "a la moda de los suicidios" en France Telecom. Luego se disculpó diciendo que había traducido mal en francés la palabra "moda", cuando lo que el quería era emplear el término inglés "mood" ["estado de ánimo", N.d.T.].

Los manager están en el banquillo de los acusados en France Telecom. La compañía, antaño monopolio público, está sufriendo una transformación brutal desde que se convirtió en sociedad por acciones en 1994, y más todavía desde que el capital privado se hizo mayoritario en 2004. En medio de la tormenta de la gran transformación del sector, el antiguo monopolio público, que da empleo actualmente a 102.000 personas, lucha asta el extremo contra la nueva competencia. Los empleados son sometidos a presiones cada vez mayores para ganar en productividad. Sufren traslados del puesto de trabajo y pierde valor su competencia. Todo ello sucede en un periodo en el que, debido a la valoración individual, se ha roto la solidaridad tradicional, desencadenando una lucha de todos contra todos en el lugar de trabajo.

En Correos, empresa aún pública al 100% que el gobierno quiere transformar en sociedad por acciones, los trabajadores se están organizando porque temen acabar como en France Telecom. Temen que la privatización parcial esté al caer, favorecida por la competencia global en el mercado interno europeo a partir del 1 de enero de 2011. Esta semana, en los mercados, en algunas oficinas de correos o en ciertas sedes municipales han organizado un referéndum, un "voto ciudadano", hasta el 3 de octubre, en el que los franceses están invitados a responder si quieren o no "la privatización de Correos". Es una iniciativa que carece de valor legal, pero que podría servir como instrumento de presión al gobierno para evitar la transformación en sociedad por acciones (y en el futuro, la privatización): la directiva postal europea, aun estableciendo la competencia, no impone la privatización.